Saber defenderse frente a la Administración |
Edil departamental de Montevideo Dr. Martín Bueno |
A diario somos testigos de cómo el Estado avasalla simples derechos ciudadanos. Estos avasallamientos que se dan por miles todos los días no suelen ser graves ni tienen consecuencias irreparables, pero sin dudas van minando y degradando la calidad de nuestro Estado y el servicio a la ciudadanía. Asimismo, la reputación de nuestros funcionarios públicos se va desgastando alterando un buen relacionamiento con la ciudadanía. Tiendo a creer que la mayoría de los funcionarios que desarrollan incorrectamente su función lo suelen hacer por ignorancia y costumbre corporativa, siendo entonces responsabilidad de la jerarquía no instruir al cuerpo de funcionarios de cuáles son los derechos ciudadanos. Tres ejemplos básicos: a) Acceder a expedientes administrativos suele ser complejo y solicitan acreditar por qué y que se es parte en el expediente. Los expedientes administrativos son públicos y los deben exhibir sin expresión de causa salvo exista una resolución fundada declarándolo reservado. b) Saber el nombre del funcionario que lo está atendiendo muchas veces se hace difícil y otras veces le responden con un número, bueno, usted tiene derecho a saber el nombre y apellido de la persona que lo está atendiendo. c) Muchas veces se resuelven elementos de nuestros pedidos ante la administración, y parece ser casi misión imposible conseguir lo mismo que me dicen verbalmente por escrito. Usted tiene derecho a que se lo den por escrito sin más. Una anécdota donde se manifiesta toda esta situación que hoy es parte de nuestro diario convivir con el Estado. La semana pasada fui testigo presencial de un operativo de inspectores de tránsito de la IM, la policía y un ciudadano; el operativo tuvo tintes surrealistas. Se detiene un vehículo y al no tener libreta de propiedad se le comunica al conductor que el vehículo debe ser detenido y trasladado a depósito municipal hasta que se acredite la libreta de propiedad. El conductor reconoce la irregularidad pero duda sobre el procedimiento, por tanto, manifiesta su conformidad siempre y cuando le otorguen por escrito la resolución de detención y traslado del vehículo. Los municipales se niegan, el conductor se niega a trasladar el vehículo entonces. Los municipales convocan a la policía, arriban increíblemente tres patrulleros (que claramente tendrían mejores cosas que hacer). El conductor le explica a la policía que él no se niega a nada, que sólo quiere la resolución por escrito. La policía negocia con los funcionarios y estos se niegan nuevamente. Entonces el conductor le manifiesta a la policía que esta realice el parte policial y deje constancia de todo en él y en esas circunstancias él acata. La policía se niega y dice que no le corresponde. Este panorama surrealista de pérdida de tiempo, recursos y ausencia de alguien que se haga responsable por lo que sucedía termina con un episodio digno de una comedia. CONDUCTOR: «Agente, pero, ¿cómo quiere que cumpla con lo que me solicitan si ni siquiera me quieren decir sus nombres?, pregúntele sus nombres». AGENTE POLICIAL al FUNCIONARIO MUNICIPAL: «Cómo son sus nombres». FUNCIONARIOS MUNICIPALES: «345 y 648». Carcajada del CONDUCTOR y del AGENTE POLICIAL. Este ejemplo muestra el temor de los funcionarios públicos de dejar por escrito las resoluciones que toman, en mi criterio por falta de seguridad acerca de si lo que realizan está o no de acuerdo con la normativa. El mal gasto de tres móviles policiales que perdieron el tiempo en ese lugar de una manera surrealista. La ausencia de derechos del ciudadano que no puede saber ni el nombre de los funcionarios, ni obtener por escrito la resolución de detención y traslado del vehículo. En definitiva, el conocimiento de nuestros derechos y obligaciones y exigir ante la autoridad su cumplimiento hará que cada vez vivamos en un mejor país. Sé que es un trabajo de hormiga y muchas veces el desgaste es terrible, pero de a poco se irán respetando cada vez más los derechos ciudadanos. Asimismo, debemos exigir que el Estado instruya a sus funcionarios y sancione a aquellos que no respeten los elementos básicos del Estado de derecho. |
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