Golpe a la democracia regional
Bettina Galo
 
Atendiendo al nuevo principio rector de que «lo político prima sobre lo jurídico», Uruguay ha optado por dar un golpe a la democracia regional al violentar las normas sobre las que se constituyó el Mercosur.

Uruguay ha venido marcando un perfil claramente antidemocrático y claramente antirrepublicano.

Para tener claros estos dos conceptos. ¿Qué significa democracia en su sentido más estricto, y al que adhieren hoy la mayoría de los países de la región afiliados al nuevo socialismo del siglo XXI? Democracia es el gobierno de las mayorías. A secas. No implica en su sentido estricto nada más. Gobiernos que se legitiman y actúan según las mayorías obtenidas.

¿Qué significa república, o lo que puede ser considerado su equivalente, «democracias constitucionales»?

Para que exista república debe haber hoy tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial.

¿Por qué es necesario distinguir entre el concepto de república y el de democracia? Mientras los gobiernos basados en las mayorías sienten su hacer legitimado en estas, la seducción que otorga esas mayorías los puede llevar —y así lo han demostrado la casi totalidad de los gobiernos que las han obtenido— a actuar con mecanismos por lo pronto autoritarios y luego devenir en totalitarismos. Consideran que esas mayorías absolutas obtenidas en una elección los faculta para no escuchar la voz de las minorías, aun cuando esas minorías sumen un 49 % de la población. De esta forma el ciudadano perteneciente a esa minoría se queda sin salvaguardas ya que el partido que se alza con esas mayorías se siente autorizado a no escucharlas. No olvidemos que por vía de elecciones democráticas y absolutamente transparentes el mismo Hitler accedió al poder y luego se convirtió en uno de los mayores genocidas del mundo. Hay muchos ejemplos de esto en la historia. Porque el hecho de ser mayoría no implica que esas mayorías no se equivoquen. Los pueblos nos hemos equivocado muchas veces.

Mientras que en el imperio de la república esas mayorías se ven controladas por lo que es el ejercicio del poder judicial, es este poder el que se convierte en la defensa del derecho del ciudadano común y que ha entrado en la categoría de «minoría» frente al atropello en que puedan incurrir esas mayorías absolutas. Por vía de la norma que nos damos todos que es la Constitución en cada país y así lo es en el nuestro, el poder judicial tiene como atribución otorgada por esta, el de la declaración de inconstitucionalidad total o parcial de una ley emanada del poder legislativo. Entre otra de sus facultades otorgadas por la Constitución está el de ser contralor y contrapeso del posible ejercicio abusivo del poder ejecutivo. Dentro del marco de un sistema republicano, el poder legislativo controla al poder ejecutivo, este a través del uso del veto entre otros controla al poder legislativo y el poder judicial controla a ambos. La necesidad de la total independencia de los poderes del poder político que gobierna de turno es imprescindible. Es garantía de la custodia de un sistema plural y en libertad.

Cuando se intenta por vía de la justificación de las mayorías absolutas dadas por el ciudadano a un partido, cualquiera sea, ejercer esas mayorías para condicionar el ejercicio del poder judicial, la libertad y las garantías del ciudadano están en serio peligro. La seducción del ejercicio despótico está siempre presente.

 

Uno de los fundamentos del Foro de San Pablo, que nuclea a casi todas las «izquierdas» del continente, es el de, una vez llegados al Gobierno mediante el uso del mecanismo electoral, sustituir a las democracias representativas por supuestas democracias directas.

 

Hoy en Latinoamérica y el Caribe son muchos los países sometidos a la falta de garantías, donde los derechos se ven avasallados y se encuentran bajo dominio del partido gobernante a pesar de que la vía de acceso al poder y al Gobierno haya sido el mecanismo electoral, uno de los fundamentos que caracteriza a las democracias, pero ciertamente no el único y no suficiente.

En la región hoy se habla del socialismo siglo XXI. Estos nuevos pero muy viejos conceptos filosófico-ideológicos surgen a partir de la creación del llamado Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo surge allá por 1990 como respuesta a la necesidad de reorganizarse luego de la estrepitosa caída del sistema comunista-estalinista que vivía la URSS y con la caída del Muro de Berlín. Como su nombre lo indica nace en San Pablo, Brasil, a instancias del PT (Partido de los Trabajadores), el partido de Lula Da Silva y tiene como primer partido que gobierna en la región a Cuba. La Cuba de Fidel Castro. A partir de entonces y en un trabajo de hormigas, el Foro de San Pablo ha logrado que once partidos que lo integran sean gobiernos hoy en la región: Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela, Chile con Bachellet, Paraguay con Lugo, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Nicaragua y Cuba por supuesto. Hoy por vía de la participación en sus congresos y en sus grupos de estudios también están Guyana y Surinam. En este link podrán conocer todos los países y partidos que lo integran: http://forodesaopaulo.org/?page_id=52.

Uruguay ha sido desde siempre, por lo pronto desde que nació a la libertad y la consolidó, un país republicano con el ejercicio de la democracia como parámetro para administrar u obtener la legitimidad para gobernar. Somos un sistema representativo, quiere decir que el Parlamento se configura en base a la representación que los ciudadanos han dado a sus candidatos con solo un considerando que en mi entender es grave: que quien obtiene las mayorías del cincuenta más uno a la presidencia obtiene automáticamente las mayorías absolutas en el Parlamento. Así es que dentro de esta configuración un partido se alza con el ejercicio del poder de dos de los poderes del Estado: el ejecutivo y el legislativo. Así no existe la posibilidad de que una de las funciones claves del poder legislativo se cumpla: la de ser contralor del ejercicio de ese poder en el poder ejecutivo a fin de que el mismo no se desvíe. Otro de los agravantes que estas mayorías absolutas tienen es que se convierten en «despóticas», son incapaces de integrar la opinión del resto.

Uruguay ha decidido a partir de la asunción del Frente Amplio, basándose en la supuesta legitimidad que confieren esas mayorías absolutas, eliminar el ejercicio gubernamental basado en la legalidad que otorgan las leyes, valga la redundancia, y regirse por el nuevo criterio de que lo político prima sobre lo jurídico. Dicho de otra manera: si para sus intereses de partido es necesario, atropellar convenios, protocolos y normas jurídicas es válido, consagrando el principio de que el fin justifica los medios.

Así se ha manejado en el Parlamento, con claras leyes anticonstitucionales que pasando por encima de la inconstitucionalidad encuentran la forma de llevarlas a la práctica imponiéndolas.

Y ¿por qué digo que Uruguay ha optado por dar un golpe a la democracia regional?
Atendiendo a ese nuevo principio rector de que lo político prima sobre lo jurídico las normas y protocolos con que se constituyó y surge el Mercosur han sido violentadas debido al riesgo que implicó la destitución de Fernando Lugo en Paraguay para la consolidación del poder hegemónico al que tiende el Foro de San Pablo. Una de las decisiones y fundamentos en que se sustenta el Foro de San Pablo, que nuclea a todas o la inmensa mayoría de las llamadas «izquierdas» del continente, es la de una vez llegados al Gobierno mediante el uso del mecanismo electoral que les brinda el sistema democrático sustituir en la medida de lo posible a todas las democracias representativas por supuestas democracias directas. Esto que parece en los dichos muy lindo para muchos es la base de la construcción de gobiernos totalitarios legitimados por mecanismos democráticos mediante el uso de la vía electoral.
Pero ¿por qué necesitaban a Paraguay? En realidad no era a Paraguay, era la cercanía del pensamiento de Lugo con el Foro de San Pablo lo que necesitaban. Para el Foro de San Pablo lo importante era que Venezuela con la figura de Chávez ingresara al bloque del Mercosur. Chávez, hijo de Fidel Castro, era imprescindible para construir esa hegemonía regional. Y no lo conseguían debido a que el congreso de Paraguay no daba el aval para el ingreso de Venezuela, no por Venezuela, sino por lo que significaba Chávez.

Así que cuando el partido mayoritario de la coalición que lleva a Fernando Lugo a la presidencia de Paraguay le quita el respaldo y vota en el congreso junto al Partido Colorado su destitución, se convierte en la «piedra en el zapato» de los intereses del PT de Lula y del Castro-comunismo de Cuba. Ante este problema, surge en el Mercosur un elemento que contra la legalidad sería utilizado para sacarse de encima a Paraguay y permitir el ingreso de Chávez. No importa solo Venezuela, importa Chávez, quien por otro lado era sustento económico de la inmensa mayoría de los gobiernos de la región con su petróleo.

Cuando Uruguay se presta a ese juego con el apoyo del Frente Amplio en su totalidad, a pesar de ciertas voces disidentes que luego terminan por acallarse y sumarse, aplicando mal la llamada «cláusula democrática» sobre Paraguay y suspenderlo justificándose en que «lo político prima sobre lo jurídico» sentó el precedente más grave que el país ha vivido desde la ruptura institucional con la dictadura del 73. 
Ayer [12 de julio de 2013] el Mercosur reafirmó su actuación dentro del marco de la ilegalidad, confiriendo a Nicolás Maduro, o sea al PSUV, partido de Gobierno de Venezuela, la presidencia pro témpore por los próximos seis meses, cuando correspondía a Paraguay y no a Venezuela.

Doblemente el Mercosur atropella la legalidad de su normativa constitutiva: primero por la aplicación de la «cláusula democrática» a Paraguay y luego, cuando se había expresado que la suspensión al bloque sería hasta que se normalizara el sistema democrático llevado a cabo en elecciones libres, no le otorgan a Paraguay la presidencia del Mercosur.

Es Paraguay quien debe definir si Venezuela puede o no estar dentro del bloque según la legislación y normativa de los protocolos que rigen al Mercosur a través de la decisión de su congreso. Y esto no ha sucedido. Quiere decir que Venezuela está por imperio de la fuerza de partidos del Foro de San Pablo legitimados por las mayorías.

Lo que a muchos puede parecer estupendo porque están altamente ideologizados, o bien creen que Chávez realmente rescató a su pueblo, no ven con malos ojos o ni siquiera se detienen a pensar en lo que acciones como estas significan. Y es nada más y nada menos que la legalización de un golpe institucional a las democracias de la región.

Si como ciudadano «legitimo el poder político sobre el poder jurídico», cuando este poder político me quite por imperio de su fuerza mis derechos, ¿cuál es el poder que defenderá esos derechos?

Lo más preocupante es la pasividad de los actores políticos de oposición. No se levanta más que una voz aquí y otra por allá. Como colectividades no se han expresado con la contundencia que surgiría a través del respaldo de una resolución a través de sus directorios. Todos juegan a juntar votos mientras les vuelve a pasar por encima un poder hoy organizado que fue antes la guerrilla.

Volviendo al ingreso de Venezuela al Mercosur, Venezuela ha demostrado que se ha roto el sistema democrático en el país. Los poderes, los tres poderes y todas las instituciones están en manos del partido que gobierna (el PSUV), o sea más claramente dicho, el exchavismo, hoy madurismo, donde se aplica con total arbitrariedad el poder electoral, como el poder judicial encarcelando a ciudadanos por el solo hecho de denunciar la corrupción, pensar distinto o simplemente defender sus derechos.

En Venezuela no existe la libertad de prensa, que está en un 98 % en manos del partido de Gobierno, incluso por vía de testaferros los medios de comunicación privados están siendo comprados en su totalidad por los dirigentes del partido de Gobierno. Es más, se sanciona en las grillas de la difusión por cable a quienes osen pasar programas que tengan que ver con la oposición en su conjunto.

Sin embargo el Mercosur no aplica la «cláusula democrática» que suspendería a Venezuela de dentro de sus filas por la evidente ruptura al orden democrático en el país. Intereses políticos mucho más profundos guían hoy la vida de nuestros países. Se ha demostrado que en todos ellos el índice de violencia, criminalidad, connivencia con el narcotráfico, cárteles de armas, prostitución, venta de niños y tráfico de órganos son componentes del ejercicio de sus gobiernos. La corrupción por la que se levantan los pueblos como en Argentina, Brasil, Venezuela, son muestra de ello.

Sin embargo los ciudadanos seguimos mirando para otro lado, sin ver que tenemos una gran responsabilidad. O frenamos este cada día más consolidado precedente de que lo político prima sobre lo jurídico o veremos muy pronto cómo de vivir en medio de cierto ejercicio de libertades pasamos a vivir en un despotismo absoluto llamado dictaduras disfrazadas de democracia.

Uruguay se ha constituido en el portavoz de ese aval. Su gobierno lo ha hecho y los partidos de oposición duermen el letargo de los justos sin serlo mientras cada uno está a la caza de votos.

Está en manos de nosotros los ciudadanos conformar un grupo llamemos de «resistencia». ¿Resistencia a qué y por qué? Resistencia frente al ataque a los valores republicanos. Resistencia frente a la corrupción. Resistencia ante el despotismo del ejercicio de las mayorías absolutas que no permiten el accionar de las minorías y las atropellan. Esa resistencia debe ser organizada en la medida que debe poder dar respuesta rápida y contundente ante cualquier intento de avasallamiento a las garantías de la ley, de la convivencia pacífica, de la instalación de las dictaduras modernas y del avasallamiento de cualquier libertad.

Por eso hay que ver los sucesos de la emanación de las resoluciones del Mercosur dentro de ese contexto que hace virar a todos los países que lo componen hacia el ejercicio de un nuevo surgimiento del despotismo, esta vez no ilustrado. ||

 
 
 
 
 
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