Carta abierta al Sr. Presidente José Mujica |
Lic. Gladys González Villagrán |
Estimado Sr. Presidente don José Mujica: Soy funcionaria (asistente social) del Instituto Nacional del Cáncer (INCA). Nunca hubiera llegado a la instancia de escribirle esta nota y molestarlo si en mi largo periplo por oficinas de ASSE, INCA, Ministerio de Trabajo, abogados, etc., hubiera tenido una respuesta coherente y justa a mis reclamos. En el año 2012 realicé una denuncia por acoso y persecución laboral ante el Ministerio de Trabajo y el inspector general Dr. Juan Andrés Roballo(1). Desde ese momento se complicó aún más mi vida personal y profesional en el lugar donde desempeñaba mi profesión. Sucintamente le cuento que desde el año 2011, cuando el equipo de gestión actual ocupó la dirección del INCA, se vivieron innumerables problemas, sumarios, destituciones, arbitrariedades, órdenes y contraórdenes. Se hicieron varias asambleas, llegándose en una de ellas a declarar al director Dr. Álvaro Luongo como persona no grata. El instituto desde hace casi tres años ha sido un caos, redundando estas dificultades en la atención a los pacientes (v. versión taquigráfica de la sesión del día 29 de junio de 2011, número 615, de la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social → http://bit.ly/1cgKC6k). En mi caso nunca antes había tenido problemas mayores más que los de la diaria convivencia y cambio de opiniones, pero pude trabajar bien, con un grupo de voluntarios que en todos los momentos estuvo presente para hacer de la vida de los pacientes algo más llevadero. Se fundó una biblioteca, se daba ropa, se hacían talleres integrando a pacientes, familiares, voluntarios y funcionarios, se hicieron eventos de carnaval, Navidad, y logramos batir un récord Guinness con miles de bufandas donadas por personas solidarias de todo el país. Todo esto parece que molestó y mucho a este equipo de gestión, que comenzó a obstaculizar el buen funcionamiento del grupo, hasta llegar a actos incomprensibles, y difíciles de detallar. Siempre buscando algo para poder realizarme un sumario. Ese día llegó... acusándoseme de iniciar una reunión con pacientes y voluntarios así como familiares (que fue convocada por ellos y en la cual participé junto a otros funcionarios). Siempre tomé como parte de mi rol profesional realizar encuentros, charlas, reuniones para aclarar dudas, ver qué camino seguir para exponerlas a consideración de la autoridad, etc. En ese momento estaba roto el tomógrafo, se habían tenido que ir del instituto la especialista en linfedema, el equipo de digitopuntura y se había desarmado el área de ostomías. También mi oficina (en deplorables condiciones) había quedado a una cuadra del hospital con la dificultad que eso creaba a los pacientes. Bien, me hicieron un sumario, y luego siguió una larga cadena de acosos y arbitrariedades. Estuve seis meses cobrando 5 000 pesos y separada del cargo, y luego certificada por depresión hasta hoy. Se me realizó junta médica, considerando esta que no estaba bien como para seguir atendiendo gente y que iniciara trámites jubilatorios. Aun así no cesaron en sus atropellos, incidiendo en mi salud física y mental con consecuencias para mi familia. En ocasión de los primeros hechos, el grupo de voluntarias escribió una carta dirigida a usted que llevaron hasta su chacra los sacerdotes de la parroquia Jesús Obrero. Nunca fue contestada, por lo que pensamos que no llegó a sus manos. En el caso de ellas no se les devuelve el dinero ($ 36 000) que fuimos depositando en una cuenta que nos prestó (ante mi pedido) la comisión de apoyo del instituto, y no han contestado sus reclamos, además de impedirles su tarea solidaria, la que venían cumpliendo desde el año 2007. Confío en que esta nota llegue hasta usted. Mi situación es por demás difícil. He hipotecado mi casa, entrado en el no pago de mis cuentas, y encima ahora ASSE para cumplir una resolución de parte de sumario iniciado en el 2011 me «descertifica», y me dejan un mes sin mi salario. Me dijeron que luego podía seguir certificada. Esto además de insólito ha sido tema de conversación de abogados, y de aquellos que están en puestos donde se conocen los procedimientos, ninguno oyó hablar de esta manera de proceder. Tanto es así que Certificaciones médicas dictó una resolución por la cual la persona, cuando la declaran incapaz para trabajar, no debe certificarse más sino acogerse a los beneficios de la jubilación, y en el Instituto además de ignorar dicha resolución, no la acatan. En este momento estoy en trámite jubilatorio. Pero surge esto otro, me quitan el sueldo, me dejan nuevamente sin sostén. Por el hecho que generó este primer sumario (hablar con la prensa) a otros compañeros no los sancionaron y al exintendente de la institución lo hicieron, pero debitándole quince días de su sueldo. El viernes pasado [7 de febrero] hablé con el Dr. Gerardo Posse —Jurídica de ASSE— quien prometió resolver lo de mi sueldo... en el plazo de cualquier institución si la apuran... más de un mes. Y además agregó: «Usted, señora, no siguió la vía pacífica... concurrió al Parlamento»(2). Bueno, si así son las cosas, ¿estoy muy equivocada?, cuando no se puede ser escuchado por otra vía, un ciudadano recurre a aquellos que hemos elegido para legislarnos... Parece que esto ha constituido un hecho tan grave que han instigado inclusive a hacer denuncias falsas contra mi persona. Gracias por llegar hasta acá con la lectura. Un abrazo. Lic. Gladys González Villagrán ||
(1). Expediente 2496/2012. Intimaron a ASSE pero no tiene resolución acerca de qué sanción les corresponde porque el Dr. Roballo no ha firmado mi reclamo. (2). La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados recibió a voluntarias, funcionarios y a mí. Existe la versión taquigráfica de este encuentro (Comisión de Legislación del Trabajo, acta número 1062 del 16 de Mayo 2012 → http://bit.ly/1gx6Fbp). Presentación —un año y medio después— de las autoridades de ASSE ante una citación de dicha comisión por la ausencia del Dr. Álvaro Luongo en tres oportunidades: Comisión de Legislación n.º 440 del 1.10.2013. |
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