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Nuevamente conmocionada nuestra sociedad, por lo sucedido esta semana pasada en Santa Catalina. La ola de inseguridad se volcó sobre el barrio con una rapiña, una más, con dos jóvenes en moto, vehículo que reiteradamente es utilizado en la casi totalidad de las rapiñas y hechos de violencia, sin que se tomen, como sucede en otros países, medidas de prevención como los chalecos, pero con el número de matrícula, o la imposibilidad de que sea utilizada o por más de una persona. Sabemos de la inutilidad de estas medidas en nuestro Montevideo, cuando la Intendencia no penetra en los barrios, en la periferia, no controla, y vemos permanentemente utilizarlas sin casco, menos lo harían con chaleco y su matrícula. El desgraciado episodio terminó con un joven muerto por una bala disparada por la Policía que había acudido al lugar. Malas comunicaciones, impericia, miedo… El resultado, un barrio enardecido, un joven inocente muerto, una ventaja política de grupos radicales, indignación general, un ministro que da una versión, se desdice, al rato da otra, horas más tarde da otra y la sociedad observa atónita cómo las líneas de buses no llegan, se producen barricadas, y allí muchos reaccionan de que además de Jorge Zabalza y su carnicería, allí viven muchas familias, ignoradas por la Intendencia, que tienen innumerables carencias, como bien lo planteó el programa radial Montevideo contigo, cuando visitó el barrio [v. http://youtu.be/ I0DG5vP3B98] y los vecinos así lo mencionaban, falta de pavimento, robos, drogas, limpieza… Un lugar privilegiado, pero carente de cuanto servicio la comunidad necesite. Una empresa de ómnibus monopólica que no deja entrar otras líneas, y una población que vive presa de la situación. Este hecho viene a sumarse al raid delictivo protagonizado por dos menores unos días antes con una rapiña y secuestro de una empleada de una estación de servicio, que dejaron abandonada y atada, luego de largas horas de persecuciones y terror sembrado por quienes en uso de una salida transitoria para ir a trabajar, sin los debidos controles de autoridades del INAU, se fugaron para cometer delitos. Capturados horas más tarde se comprobó que salían habitualmente y que ese día no les correspondía hacerlo, pero nadie se los impidió, ni se dieron debida cuenta de ello.

Sin dudas en Uruguay no hay tiempo de aburrirse, una noticia tapa de inmediato a otra y la sucesión de ellas nos abruma con sucesos a cada cual más grave. Las noticias policiales cedieron paso a Pluna. La Suprema Corte de Justicia dictaminó por tres a dos la inconstitucionalidad de la ley que en forma totalmente arbitraria dejaba fuera del concurso de acreedores los aviones Bombardier, de los que el Estado era garante por el cien por ciento de su costo, cuando en realidad era tan solo propietario el Estado del veinticinco por ciento del capital accionario. Todo el tema Pluna llena al Estado de una gran vergüenza, un pésimo negocio, manejado con soberbia inaudita en nuestro sistema político. Allí el hoy vicepresidente de la República, contador Danilo Astori, contrató junto al exministro Víctor Rossi al economista Paul Elberse por un millón de dólares, para que «eligiera» socio para Pluna. Este señor había sido despedido del Nuevo Banco Comercial, denunciado por el propio Víctor Rossi, por ganar un sueldo excesivo dirigiendo dicha entidad luego de la crisis del 2002, y fue despedido por el entonces ministro de Economía Isaac Alfie, durante el Gobierno de Jorge Batlle. Allí fue seleccionado Matías Campiani, un argentino, que provenía de dirigir y vender a un grupo venezolano la reflotada Lacteria, o sea, de la leche a los aviones. Tabaré Vázquez, entonces presidente de la República, siguió adelante con el negocio, que tuvo una gran cantidad de idas y venidas. Allí el Estado perdió entre otros el Gran Hotel Argentino de Piriápolis, la venta de las principales terminales en el exterior, como las de Buenos Aires, capitalizaciones varias, permisos denegados de nuevas líneas en Argentina, por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, costo del combustible más caro, paros de funcionarios, fueron mellando la viabilidad de la empresa que se fue endeudando. Cheques sin fondo pagos a Ancap, una línea de crédito que permanentemente tenía sobregirada, cheques por más plazo de los habilitados, y un abrupto cierre en julio del 2012, previo a las vacaciones, luego de un paro de cuarenta y ocho horas, dejaron el tendal de acreedores, y un manejo económico y político de la situación de la compañía, del que en estos mismos días estamos viendo el cruce de facturas entre Tabaré Vázquez, Mujica, Danilo Astori, el ministro Lorenzo, el exministro Víctor Rossi y Pintado, donde todos actuaron con una liviandad de procedimientos, falta de controles, displicencia de procedimientos hasta la ley que dejaba los aviones fuera de concurso, con un remate fallido al «señor de la derecha», un empleado de Buquebus, cuyo propietario, López Mena, se hizo responsable del costo de un aval totalmente trucho, en el que quedó enganchado el presidente del Banco de la República, Sr. Fernando Calloia, al otorgarlo sin los requisitos y seguros correspondientes. Una vergüenza tras otra de un pésimo manejo, hasta que el presidente Mujica, por mediación del secretario de la presidencia que se hizo presente en oficinas de Buquebus, logró que López Mena se responsabilizara del aval, y comenzara a pagarlo, pero oh, sorpresa, ahora luego de la inconstitucionalidad de la ley hay que devolverle los dineros pagados, y nuevamente el Estado queda debiendo más de 300 millones de dólares, que todos pagamos, y por supuesto, no alcanza en absoluto con un «me equivoqué» de sus actores. Aquí vemos el total y absoluto desprecio por la ley y el estado de derecho que muestran los integrantes del Gobierno, el permanente machacar del senador Carlos Moreira del Partido Nacional, que en todo momento fue una espada contra todo este negociado, y del senador José Amorín Batlle, quienes en forma recurrente pedían explicaciones sobre la situación, con un desenlace que aún en estos días está por verse… Pero donde la sociedad deberá cargar con los costos del desatino de los gobernantes frenteamplistas, que en todo momento mostraron improvisación, negligencia y falta de cuidados y profesionalismo en la defensa de los bienes públicos, y paradoja, terminan cerrando una empresa pública por la cual habían realizado un plebiscito para evitar su venta, y la regalaron.

Terminamos este artículo con el tema educación. El asistencialismo que desde el Mides se realiza dejó hace unos pocos meses atrás a 37.500 jóvenes fuera de las asignaciones familiares, por no concurrir a los cursos liceales correspondientes. Los controles exigidos luego de más de cinco años mostraron que los jóvenes no concurrían y el BPS cesó las prestaciones. El problema, muy grave en sí mismo, más allá de lo económico, nos muestra a miles de jóvenes ni-ni (ni estudian ni trabajan), generando exclusiones, peores trabajos, menores pagos, y un futuro absolutamente incierto. Pero no contentos con ello, el suplemento Qué pasa de El País inició una acción judicial dado el silencio de las autoridades de la ANEP y Codicen, al negarse a dar cifras sobre los resultados de escolaridad de secundaria. Amparándose en criterios de no estigmatizar, no se daban los informes necesarios para que la sociedad toda supiera qué nos está pasando y cómo está nuestra enseñanza. Hasta que finalmente la justicia ordenó a los organismos entregar al medio toda la información que correspondía. Grande, muy grande la sorpresa, uno de cada tres jóvenes liceales no pasa de año. El nivel de nuestra educación es paupérrimo, estamos hipotecando el futuro. Hay liceos donde el setenta por ciento repite, en otros, los mejores, tan solo un ocho por ciento lo hace, en el medio, el promedio, nos indica que tenemos los peores resultados de la historia de nuestra educación. Se habla de la masificación de la enseñanza, los contextos críticos, los paros, la falta de profesores, sueldos de medios, de horas de clase, de número de estudiantes por clase, el tema es multicausal, el resultado es uno solo, un desastre, hipotecamos el futuro. La ley de educación que fuera aprobada en el Gobierno de Tabaré Vázquez otorgó todo el poder de decisión a los sindicatos de la enseñanza, y aquí está el resultado, esa es la herencia maldita que José Mujica recibió, junto con la ley de Humanización del Sistema Carcelario, dos grandes problemas que a ocho años de Gobierno, con las mayores recaudaciones de la historia, con un crecimiento exponencial de la economía, ponen todo en riesgo. Un país inseguro, un país mal educado, tiene hipotecado el futuro, debemos de cambiar y muy rápido. Esto va más allá de políticos de turno, es un problema nacional en el que todos estamos involucrados, más allá de las tristes y vergonzantes declaraciones de la primera dama y senadora Lucía Topolansky, quien se refiere a chicanas políticas, y politiquería barata. No, señora, esto sobrepasó todos los límites. Seguiremos en la brega, la gente debe de saber… ||