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17 años, 364 días, 23 horas y 59 segundos

Dos episodios que vinculan sexo, menores y poder sacudieron a la opinión pública en 2013.

A mediados de año el entonces secretario general de la Intendencia de Paysandú, Horacio de los Santos, fue procesado por explotación sexual de menores.
Se comprobó la participación del jerarca en encuentros con menores de edad, se lo detuvo con una adolescente en su vehículo escapando de una fiesta con alcohol y drogas, y se desbarató al menos en parte una red organizada dedicada a explotar menores en esa ciudad.

Para mayor escándalo, las reuniones tenían lugar en un predio municipal: la tristemente célebre «Casita del Parque», espacio donde la ciudadanía presume se realicen actividades culturales, formativas, deportivas… cualquier cosa antes que orgías con menores regadas por alcohol y cocaína organizadas por gobernantes.
A fin de año, exactamente el 31 de diciembre, la Justicia procesó con prisión a quien la mayor parte de los medios identificó como un «poderoso empresario hotelero y gastronómico dueño de un establecimiento tradicional en La Barra de Punta del Este de 75 años».

Se trataba de Javier Moya, propietario de La Posta del Cangrejo, exsacerdote, ciudadano español nacionalizado uruguayo que abusaba de menores de edad que «encargaba» de Melo, Cerro Largo.

Una quinceañera declaró que la llevaba a pasear al shopping, le compraba ropa, tenía sexo con ella y la volvía a su pueblo al otro día. Tal la práctica habitual.

También en este caso se comprobó que existía una red de explotación organizada, pues el empresario «conseguía» las adolescentes a través de dos proxenetas de Melo, que fueron también procesados.

Lo que alertó a la Policía fue que el empresario giraba abultadas cifras que llamaron la atención en los cajeros de las redes de pago.

Golpeó duro a la sociedad saber que las propias madres y padres de esas adolescentes cobraban en esas redes el dinero producto de la explotación de sus hijas.

Tras el abuso, la pobreza y la exclusión

Ambos casos tienen en común la violación de la ley 17.815 de Violencia sexual comercial o no comercial cometida contra niños, adolescentes o incapaces.

Un menor es un menor así tenga 17 años, 364 días, 23 horas y 59 segundos. Y el Código de la Niñez y la Adolescencia vela por él o por ella, por su condición de sujeto en desarrollo que exige protección y amparo por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.

Pero ambos casos, el de De los Santos y Moya, llamaron la atención por tener más en común.

Las jovencitas explotadas provenían de contextos de exclusión, falta de oportunidades educativas y laborales, hogares vulnerables.

Ante ambos episodios se generó una repercusión levantada por las redes sociales que en parte cuestionó la supuesta «voluntad» o «consentimiento» de las menores explotadas, y las revictimizó, incluso las responsabilizó por los hechos argumentando cosas como «algunas no parecen menores» o «bien saben lo que hacen a los 17 porque ya están grandecitas», etc.

A la cruda realidad que empuja a las víctimas del abuso sexual infantil a este horror, se suma otra dificultad: el imaginario público hegemónico y patriarcal enraizado en un pensamiento y discurso machista acusa y victimiza a las adolescentes explotadas.
El imaginario critica las penas para los culpables del delito de explotación de menores, y las considera «demasiado duras» para un «cliente» (no es tal, es un abusador) porque, argumenta, a veces puede llegar a ser «engañado» respecto a la edad de la chica a quien contrata para tener sexo y «comerse un garrón».

A ese imaginario, además de a los explotadores, abusadores, proxenetas, cómplices y progenitores omisos, también hay que combatirlo.

Si es menor, es vulnerable

Cabe preguntarse: ¿hace cuánto este reputado empresario recluta gurisas de pueblos del interior desde edades tan tempranas como los 13 años, atraídas por playa, ropa, regalos y vacaciones en un balneario de ensueño que de otro modo solo verían por la televisión?

¿Hace cuánto que compraba dignidad? ¿Y que arruinaba la vida de esas chiquilinas?
¿Hace cuánto que colaboran padres y madres? Aunque más bien madres, porque cuando de siete indagadas solo acude a declarar un padre varón, se visibiliza la feminización de la pobreza, la desigualdad y ausencia paterna del hogar.

Es ahí cuando salta que un 49 % de los hogares en Cerro Largo tiene jefatura femenina.

¿Hace cuánto participan esas madres en este horror, no solo por omisión y ausencia, sino directamente cobrando en Abitab el dinero producto de la corrupción de sus niñas?

Es ahí cuando sacude que en Cerro Largo el 13,7 % de hogares se encuentra por debajo de la línea de pobreza (1).

Un 26 % de jóvenes entre 15 y 29 años de edad no estudia ni trabaja. Y en este grupo «ni-ni» arachano hay mayor participación de mujeres (un 38 %) que de hombres.
La tasa de actividad específica por sexo en Cerro Largo refleja diferencias: un 71,8 % de hombres ocupados frente a un 43,7 % de mujeres. ¿La diferencia? Corresponde a aspectos relacionados con desigualdades de género, presume el Mides.

De ahí vienen estas gurisas explotadas en las playas, discotecas y hoteles del balneario más mediatizado y fashion de Uruguay: de los barrios más pobres de Melo, como Feder y Trampolín.

Herramientas para una batalla imprescindible

Así como 2013 fue el año de episodios que encendieron la alarma en cuanto a la realidad que viven menores de edad explotados, fue un año en que se hicieron acciones afirmativas para atacar el flagelo.

Presidencia de la República lanzó la campaña «No hay excusas» contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes junto al INAU, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia (CONAPEES) y UNICEF.

La Asociación de la Prensa del Uruguay (APU) aprobó en asamblea el Código de Ética, que promueve la responsabilidad de los comunicadores por la promoción de la aplicación del Código del Niño.

Decenas de periodistas uruguayos asistieron a seminarios específicos para capacitarse en la cobertura eficiente y responsable de los casos de delitos cometidos por menores o explotación sexual de niñas o adolescentes.

Políticas de estado, instituciones, asociaciones políticas, civiles, observatorios, organizaciones barriales y comunitarias luchan en conjunto para revertir estos casos de forma coordinada, alineados a rebatir mitos extendidos como el «no sabía que era menor» y excusas como el «parecía mayor de edad».

Mitos y excusas que hacen que el fenómeno de la explotación sexual infantil haya estado por mucho tiempo invisibilizado, y sus causas, detonadores y consecuencias, heridas de todos, se perpetúen en la experiencia y conciencia social.

¿Cómo se sanan las heridas de este flagelo, cómo se previenen más?

Trabajando, protegiendo al vulnerable, atendiendo a las víctimas, reprimiendo al poderoso, combatiendo al cómplice u omiso, educando, desestigmatizando, desmitificando, visibilizando. ||
 
(1) Fuente: Agenda Estratégica (Mides). Hacia un Plan de Desarrollo Social Departamental, Cerro Largo 2012-2015.

* Sol Bauzá se formó en Ciencias de la Comunicación Social y ejerce el periodismo desde 1996. Escribió en revista Tres, Caras y Caretas, Búsqueda, Brecha, El País Cultural. En radio trabajó en El Espectador y Sarandí, y en televisión y condujo La Noticia y su Contexto y la sección cultura en TNU, entre otros medios. Hoy trabaja como editora web en el Sodre e integra la Comisión de Género y Equidad de APU.